Marco Antonio Martínez
CANCÚN, QUINTANA ROO.- Para algunos es Satán vestido de pago por servicios ambientales. Para otros sería el gran logro de la COP16.
Lo cierto es que la posibilidad de que países en vías de desarrollo con grandes extensiones de zonas forestales sean financiados por países desarrollados para evitar la deforestación y degradación ambiental, es un tema polémico entre ambientalistas. Se trata del esquema REDD+ (Las cuatro letras son el acrónimo de Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y la degradación foresta).
Quienes se oponen dicen que sería una intromisión del Banco Mundial en propiedades forestales de dueños pobres. Además, critican las intenciones de evitar la degradación y deforestación y ven detrás de esos pagos por hacerlo, un intento de lavar la conciencia de las empresas contaminantes como las petroleras.
La idea de REDD surgió en 2007 y estaba destinada para países con altas tasas de deforestación, pero ahora se busca que beneficie también a quienes ya protegen sus bosques, a este último sector pertenece México, según la Comisión Nacional Forestal.
Ya hay programas REDD en nueve países y se busca ampliarlo y sumas más estrategias, llamadas Plus, de ahí el signo (+), de conservar, gestionar de manera sustentable los bosques y mejorar reservas de carbono forestales.
Se requiere un fondo mundial de entre 17 mil millones y 33 mil millones de dólares al año para reducir a la mitad las emisiones del sector forestal hasta el año 2030.
En el caso mexicano parte de estos pagos beneficiarían a comunidades forestales dueñas de 80 por ciento de la extensión boscosa del país, dicen los defensores de este esquema.
De hecho Markku Kanninen, científico del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) ha dicho que este mecanismo es el más fácil de aplicar para evitar la contaminación, ya que implica trabajar con algo que ya se tiene, como los bosques, y no con compra o creación de nueva tecnología.
También tiene inconvenientes, como la posibilidad de que los pagos por servicio de almacenamiento de carbono sea una tentación para funcionarios, empresas privadas o élites locales despojen a las comunidades locales de los bosques con potencial. Eso ocurrirá a menos que se garantice sus derechos de propiedad y tenencia de los dueños, en muchos casos comunidades indígenas.
Durante la realización del cuarto Día Mundial del Bosque, celebrado en el Centro de convenciones de Cancún, destino donde se celebra la COP16, el tema fue abordado.
Ahí se escucharon los argumentos a favor de impulsar el acuerdo. Un día antes, en un foro celebrado por la organización Vía Campesina, se escucharon las voces en contra.
Pero en el Centro de Convenciones habló una de las voces que ha trabajado tanto con organismos internacionales de defensa forestal como con propietarios de bosques, Elsa Esquivel, quien es la coordinadora del programa piloto para REDD+ en la reserva de la Biosfera el Ocote, en Chiapas.
“Los que saben son los cercanos; allá ellos se sienten abandonados y REDD lo sienten como una oportunidad. Las ONG deben informar y ya ellos tomar la decisión”, pidió.
Fue, de entre las decenas de ponentes, una de las más aplaudidas.
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