A pesar de que los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes en todo el planeta, todo parece indicar que los gobiernos del mundo no podrán lograr acuerdos significativos durante la COP16, debido a las enomes contradicciones que plantea el modelo de desarrollo actual. Algo que resulta evidente en sitios como Cancún, sede del evento, lugar de contrastes donde el crecimiento económico sigue siendo más importante que la destrucción del medio ambiente. Sin embargo, aún hay esperanza, ya que la verdadera lucha contra el calentamiento global sólo podrá darse cuando la gente asuma el problema como un reto personal.
Manuel Hernández Borbolla*
La voraz mancha de concreto se extiende a través de la arborescente espesura de la selva, como si se tratara de un tumor cancerígeno. El contraste es cada vez más evidente conforme uno se acerca a los principales centros urbanos, los cuales crecen a ritmo acelerado, desplegando sus ramas de asfalto, hasta abarcar todo el paisaje. Algunos lo llaman progreso.
Me encuentro a tres mil pies de altura, sobrevolando el corredor turístico que conecta Cancún con el poblado de Tulum, en el sureste de México, junto a algunos expertos que pretenden monitorear la pérdida de cobertura vegetal a lo largo de la franja costera del estado de Quintana Roo, lugar donde la expansión territorial de la infraestructura urbana impulsada por el turismo se ha convertido en una seria amenaza para los ecosistemas de la región, tal como ocurre actualmente con la destrucción de los humedales costeros, un ecosistema vital para la supervivencia de muchas especies, cuya desaparición ha condenado a muerte a muchos organismos debido a la fragmentación de su hábitat.
Esta situación deja al desnudo las enormes contradicciones que enfrenta la humanidad para revertir los efectos del cambio climático y otros fenómenos de igual magnitud, como la acelerada pérdida de biodiversidad. Para algunos expertos, el problema de fondo se debe a que el modelo de desarrollo vigente en todo el mundo da una importancia mayor al crecimiento económico que al cuidado de los recursos naturales. Son estas las paradojas que a diario se repiten en lugares como Cancún y sus alrededores, donde la depredación del entorno va acompañada de jugosas ganancias. Los números hablan por sí mismos. De acuerdo con estimaciones del gobierno mexicano, Quintana Roo presenta la mayor deforestación de manglares a nivel nacional, con una tasa cercana al cuatro por ciento anual. Es decir, que en toda la entidad se pierden cerca de 150 mil hectáreas de manglar al año, debido principalmente, a la construcción de desarrollos turísticos de gran escala. Algo que no sólo ha derivado en una crisis ambiental, sino también, en importantes pérdidas económicas.
En Cancún, por ejemplo, la destrucción de manglares y la construcción de hoteles sobre la duna costera ocasionaron una pérdida importante de playas, producto de la erosión que se intensifica durante la época de huracanes. Esto se debe a que los manglares actúan como un tejido natural que impide a la arena fluir libremente a través del concreto y abandonar la costa. Esta situación provocó que las autoridades gubernamentales desarrollaran un proyecto de recuperación de playas que pretende verter más de seis millones de metros cúbicos de arena en 16 kilómetros del litoral quintanarroense, con un costo total cercano a los 960 millones de pesos.
Una iniciativa que sin embargo, no está exenta de críticas, debido a las afectaciones ambientales que ocasiona esta práctica en los ecosistemas de los que se extrae la arena, tal como ocurre actualmente en la zona norte de la isla de Cozumel, un lugar de enorme importancia para la reproducción del caracol rosa, especie cuya población registra una disminución notable debido a su explotación comercial. Y sin embargo, tarde o temprano las playas volverán a erosionarse, por lo cual, muchos especialistas consideran que la recuperación de arena será una práctica recurrente en las próximas décadas.
Al igual que ocurre con los manglares, la pérdida de arrecifes coralinos constituye una de las preocupaciones más grandes para los ecologistas de la región, pues al ser una especie clave para el ecosistema, su desaparición podría significar el exterminio de muchas otras especies que dependen de él. Algo que de hecho, ya está ocurriendo. Un estudio reciente de la organización ambientalista Amigos de Sian Ka’an, señala que en los últimos 15 años han muerto la mitad de los corales que originalmente habitaban en las costas del corredor Cancún-Tulum, debido principalmente, a la forma en que los desarrollos hoteleros de la región descargan sus aguas residuales sobre los mantos acuíferos que se conectan con el mar a nivel del subsuelo.
“Tenemos un crecimiento mayor de las algas, que en muchos casos, sobrepasa la cobertura del coral, algo que no debería ocurrir en un arrecife sano. Esto se debe a dos razones: una sobrexplotación de peces herbívoros y a que, con la contaminación del agua, estamos inyectando nutrientes al sistema marino que le permiten un crecimiento mayor a las algas”, explica Gonzálo Merediz Alonso, director de Amigos de Sian Ka’an y responsable del estudio, quien señala que la contaminación del agua, sumada a otros fenómenos como las actividades turísticas y el incremento de la temperatura del mar por el calentamiento global, podría ocasionar la desaparición de todos los corales de la zona en un periodo no mayor a 30 años.
“La contaminación del agua es quizá el reto más importante que tenemos actualmente. Hay muy poco nivel de tratamiento de aguas residuales en Quintana Roo, donde sólo se trata una tercera parte. El resto va directo a los cenotes, a los ríos subterráneos o al mar”, comenta el especialista.
La península de Yucatán posee un suelo de tipo cárstico, cuya porosidad hace que los acuíferos sean muy vulnerables a la contaminación proveniente de la infraestructura urbana, la cual no se limita a hoteles y desarrollos habitacionales. Un ejemplo claro de esto ocurre con los tiraderos de basura a cielo abierto, los cuales vierten altas cantidades de compuestos químicos que con las lluvias, logran filtrarse a través del subsuelo hasta llegar al acuífero. Hasta el momento no existe ningún plan concreto para hacer un uso sustentable de los residuos sólidos, y por el contrario, el tema se ha convertido en un constante dolor de cabeza para las autoridades de sitios como Cancún, donde la construcción de un nuevo relleno sanitario ha generado un fuerte debate y descontento social, reflejo de un crecimiento desmedido que ha rebasado la capacidad de acción de las autoridades.
“Esto va acompañado de una insuficiente planeación urbana y de desarrollo, así como poca capacidad para atender un crecimiento de población tan explosivo. En los últimos 35 años la población de Quintana Roo ha crecido mil 220 por ciento y la capacidad de las autoridades para proveer servicios está muy por debajo de esta cifra”, apunta Merediz Alonso.
“Las políticas de planeación que existen no se aplican correctamente y no hay suficiente capacidad de vigilancia para cumplir con las normas, además de que en esto influyen otros factores como la corrupción”, agrega.
En el mismo tono, otros especialistas coinciden en que estos conflictos ambientales son el resultado de un acelerado ritmo de crecimiento urbano que genera una presión mayor sobre los ecosistemas, incluso en aquellos que se encuentran protegidos por las leyes mexicanas.
“Las áreas naturales protegidas en la península de Yucatán enfrentan varios problemas, principalmente en las zonas costeras de Quintana Roo debido a la especulación con la tenencia con la tierra, en términos del crecimiento turístico y urbano que se está dando alrededor de las grandes ciudades, debido a un creciente interés del mercado inmobiliario que lo mismo puede generar desmonte de terrenos o asentamientos irregulares. Aunque las áreas naturales protegidas se encuentran fuera de esta dinámica, sí se ven influenciadas por el crecimiento urbano, debido a que dentro de ellas existe la propiedad privada”, explica Alfredo Arellano Guillermo, titular regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
“Lo preocupante es que se confunde el crecimiento de la población con la noción de desarrollo”, señala el funcionario.
Esta presión es cada vez más evidente en ciudades como Tulum, conformado como municipio a partir de 2008, debido al acelerado crecimiento de la población de los últimos años, uno de los efectos colaterales del modelo de desarrollo que se ha extendido desde Cancún a lo largo de toda la Riviera Maya.
Según datos oficiales, Tulum pasó de 6 mil 733 habitantes en 2000 a 14 mil 790 para 2005, convirtiéndose en uno de los centros urbanos con mayor tasa de crecimiento demográfico de todo el país, al duplicar su población en menos de cinco años. Esta situación, sumada al interés de grupos inmobiliarios por explotar comercialmente la zona y atraer grandes cantidades de tursitas, ha provocado una presión cada vez mayor sobre áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Tulum y la reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, uno de los pocos rincones del país que aún conservan una extensión considerable de selva baja, vital para la superviviencia de especies como la guacamaya roja, la cual ha se encuentra prácticamente extinta en estado silvestre. La gran cantidad de anuncios de venta de terrenos a lo largo de las principales vías de Tulum son un ejemplo palpable de cómo el mercado inmobiliario devora la cobertura vegetal a pasos agigantados, algo que también puede ser constatado en prácticamente todas las comunidades que se ubican dentro del corredor turístico Cancún-Tulum, donde los ejidatarios han abandonado sus antiguas labores en el cuidado de la tierra para convertirse en especuladores de bienes raíces.
Actualmente, existe una controversia constitucional entre el gobierno federal y municipal de Tulum para establecer los límites precisos de jurisdicción de cada nivel de gobierno en un territorio específico ubicado dentro del Parque Nacional Tulum, y aunque la Suprema Corte de Justicia todavía no ha llegado a una resolución definitiva del caso, este conflicto demuestra la enorme presión que la industria turística ejerce sobre los recursos naturales de la región.
Algunos analistas consideran que el trasfondo del conflicto se obedece a intereses de diversos grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros, para cambiar el uso de suelo de dicho terreno, por medio de un Programa de Ordenamiento Ecológico Local desarrollado por el gobierno municipal de Tulum, con el fin de poder explotarlo económicamente. Un lucrativo negocio de consecuencias desastrosas para el entorno.Algo similar ocurre en Sian Ka’an, lugar donde en los últimos años se han detectado algunas construcciones irregulares que están por encima de lo establecido por las normas mexicanas, tal como ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por las comunidades de pescadores que habitan en Punta Allen, un pequeño poblado ubicado dentro de la reserva.
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Tres líneas en medio de la selva baja trazan la pista de aterrizaje de lo que podría ser dentro de poco el aeropuerto internacional de Tulum. |
Sin embargo, la presión que existe actualmente para los ecosistemas de la zona no son comparables a lo que podría ocurrir en el futuro próximo con el crecimiento de Tulum, el cual paradójicamente, es promovido por el propio gobierno federal, encabezado por el presidente Felipe Calderón, quien a principios de 2010 anunció la licitación para la construcción de un aeropuerto internacional a tan sólo 12 kilómetros de Tulum. Un proyecto que no ha estado exento de críticas por parte de diversos grupos ambientalistas, no sólo porque este tipo de proyectos acelerarán aún más el crecimiento urbano de Tulum, sino también por el enorme daño que esta obra podría ocasionar a uno de los sistemas de ríos subterráneos más grandes del mundo.
Esto, debido a que el proyecto plantea construir el aeropuerto dentro de lo que los científicos denominan como “zona núcleo”, la cual juega un papel fundamental en el equilibrio hidrológico que abastece de agua dulce a los acuíferos de la región, según ha podido constatarse en diversos estudios realizados con equipos de alta tecnología. Además de ser un asunto clave para el sustento ecológico y social de la región, algunos investigadores consideran que este complejo sistema de ríos subterráneos podría contener una riqueza biológica única que todavía no ha sido descubierta. Las características del suelo provocan que al igual que en otros puntos de la península de Yucatán, la zona sea altamente vulnerable a la contaminación de aguas residuales y otro tipo de lixiviados derivados del aeropuerto y la infraestructura urbana que se construya a su alrededor.Y a pesar de que se prevé que las obras puedan comenzar en cuanto se den los resultados de la licitación durante los primeros meses de 2011, las organizaciones ambientalistas señalan que hasta el momento no se ha hecho del conocimiento público ninguna manifestación de impacto ambiental que considere estas cuestiones dentro del proceso de planificación.
Asimismo, algunos especialistas consideran que el aeropuerto de Tulum es una obra costosa e innecesaria, debido a que el aeropuerto de Cancún se encuentra funcionando muy por debajo de su máxima capacidad, sobre todo, luego de los trabajos de remodelación que incluyeron la construcción de una segunda pista y una torre de control, con un costo total de 916 millones de pesos.
“No tiene sentido”, señala Aracely Domínguez, reconocida ambientalista y fundadora del Grupo Ecologista del Mayab, quien considera que la distancia cercana a los cien kilómetros existentes entre Cancún y Tulum no justifica la construcción de un segundo aeropuerto en la región, y mucho menos, si implica riesgos ambientales de gran tamaño.
Para la activista, el hecho de que este tipo de proyectos sean aprobados reiteradamente por las autoridades, es un ejemplo claro de los altos niveles de corrupción que predominan en el estado. Por ello, considera Domínguez, no es casualidad que dos ex alcaldes de Benito Juárez, municipio al que pertenece Cancún, se encuentren cumpliendo condena por delitos que van desde vínculos con el narcotráfico hasta el tráfico de personas, en referencia a los casos de Mario Villanueva Madrid, ex gobernador del estado, y Gregorio ‘Gregg’ Sánchez Martínez, ex alcalde de Benito Juárez y candidato a la gubernatura del estado durante la pasada contienda electoral.
“De un tiempo para acá pareciera que no tenemos leyes, no hay un respeto por nada, ni por parte de los empresarios ni por parte de las autoridades, pues los tres niveles de gobierno han incumplido reiteradamente la legislación presente en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, además de que tanto los empresarios como el gobierno buscan elaborar lo que nosotros llamamos un ‘buen amafiato’ en el que unos proponen y otros autorizan, para finalmente acabar con un modelo de desarrollo totalmente autodestructivo a lo largo de la costa de Quintana Roo”, apunta Domínguez.
“A pesar de que es sabido lo que ocurrió en Cancún, el modelo se ha desdoblado hacia Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres y lamentablemente Tulum, además de que hay proyectos similares para Puerto Morelos, y lo curioso es que es principalmente el gobierno estatal el que está promoviendo este modelo de desarrollo. Se podría resumir que a grandes rasgos, todo esto se debe al mismo fenómeno que ocurre en el resto de México: la corrupción”, señala la ambientalista.
Esto parece coincidir con la opinión de otros especialistas, incluso dentro del propio gobierno federal, ya que un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales consultado para este reportaje, quien decidió mantener su identidad en el anonimato, es contundente al señalar que “Quintana Roo es una de las entidades a con mayor corrupción de todo el país en materia ambiental”. Escena de una ilegalidad recurrente que permite entender la manera en que las leyes mexicanas están sujetas a intereses particulares de los grupos de poder.
Para Alejandra Serrano, titular regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el hecho de que las leyes se apliquen de modo discrecional, representa uno de los principales problemas relacionados a la devastación ambiental que predominan a lo largo de la franja costera de Quintana Roo.
“Hay muchas incongruencias en cuanto a la aplicación de la legislación”, comenta Serrano, quien considera que en este sentido, casos emblemáticos como el de Punta Carey logran ejemplificar la manera en que las autoridades gubernamentales están más preocupadas por promover el desarrollo económico que en defender la conservación de los ecosistemas. En dicho caso, la Semarnat aprobó de forma condicionada la construcción de un desarrollo turístico en los límites del santuario de Xcacel, un punto de vital importancia para la reproducción de la tortuga marina en el Caribe mexicano. Esto, a pesar de las múltiples violaciones que se presentaron los desarrolladores durante el proceso de evaluación, tales como la presentación de información falsa, un exceso en los límites de densificación establecidos por los programas de ordenamiento y daños a zonas de manglares, de acuerdo con Serrano.“Creo que la Semarnat no está cumpliendo su función de ser la defensora de los recursos naturales y ser la encargada de promover el desarrollo sustentable, ya que actúa muchas veces como secretaría de turismo o de economía, y ese no es su papel. Se está malentendiendo que la protección de los recursos naturales implica sacrificar la economía del país o de la región, y en este caso, me parece por demás preocupante que Semarnat no aplique la legislación y lineamientos que se han generado en esta misma administración”, argumenta la experta en derecho ambiental.
“Es más que evidente que lo ambiental está supeditado al crecimiento económico, y esto sólo indica que no ha terminado de entenderse lo que implica el concepto de desarrollo sustentable”, afirma Serrano de forma contundente.
Una crisis estructural
Sin embargo, muchos expertos consideran que la raíz del conflicto va más allá de la corrupción y se debe a las limitaciones estructurales que plantea el actual modelo de desarrollo. De acuerdo con el estudio “¿Quién gana y quién pierde en el negocio del turismo? El caso Cancún: un acercamiento al modelo de desarrollo turístico de México”, publicado en 2009 con la colaboración del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, en el cual se señala que la actual política económica del país, que a su vez sostiene el modelo de turismo masivo, hará necesario que proyectos similares a Cancún empiecen a gestarse a lo largo y ancho del territorio nacional con el único fin de atender las consideraciones macroeconómicas de captación de divisas provenientes del exterior, que dieron origen al proyecto de Cancún durante la década de los 70.
Esto empieza a ser evidente en estados del noroeste del país como Baja California Sur, Sinaloa o Nayarit, donde existen proyectos turísticos que pretenden reproducir el modelo empleado en Cancún, cuya característica principal, de acuerdo con el estudio citado, es su incapacidad de generar bienestar social debido a que no puede dejar de crecer y a que la riqueza se concentra en pequeños grupos. Un reflejo de la desigualdad ocasionada por el sistema económico vigente en México y el resto del planeta.
“El crecimiento turístico no conduce al desarrollo regional porque no ha probado generar empleos, ni tiene impacto en otros sectores económicos. No lo hace. Una muestra de ello es que las poblaciones mayas que han habitado cerca de los desarrollos turísticos no han tenido ningún beneficio de ello, porque concentra la cadena productiva en pocas manos”, explica Marisol Vanegas Pérez, responsable del estudio.
En Cancún, por ejemplo, ocho de agencias mayoristas internacionales se llevan más del 70 por ciento del negocio. Es decir, que estas compañías atraen a dos de cada tres turistas que visitan el Caribe mexicano, lo cual imposibilita que los productores locales puedan entrar al mercado por falta de competitividad. Esto significa una desigualdad en el ingreso que se agudiza con los grandes flujos migratorios que llegan al Caribe mexicano en busca de oportunidades.
En municipios como Benito Juárez, por ejemplo, la población crece a un ritmo cercano al 15 por ciento anual, mientras el presupuesto aumenta un máximo de tres por ciento, lo cual representa un déficit social de 12 por ciento para satisfacer las necesidades básicas de la población, tales como el acceso a servicios de agua potable y energía eléctrica. A su vez, este rezago genera otro tipo de problemas colaterales íntimamente ligados a la marginación provocada por un modelo de desarrollo que ha logrado expandirse a otras ciudades como Playa del Carmen, lugar donde han comenzado a reproducirse los mismos patrones de criminalidad que Cancún, según explica Vanegas Pérez.
“Hace poco hicimos un estudio sobre violencia en la zona y resulta al momento de que Playa del Carmen inicia el ‘boom’ tanto turístico como migratorio, empieza a copiar patrones idénticos: el mismo tipo de delito, la misma proporción y los mismos grupos. Cancún y Playa del Carmen son muy similares en este sentido y también podemos imaginar que esto podría repetirse en Tulum”, señala la especialista, quien agrega que en este sentido, fenómenos como inseguridad, narcotráfico, tráfico de personas y la prostitución infantil, son señales de un proceso de descomposición social cuyo origen se centra en la desigualdad que es aún más visible con la migración. Lo mismo ocurre con el alto índice de suicidios que presenta Quintana Roo, el mayor de todo el país, un fenómeno cuya causa principal se debe a la fragmentación de las relaciones sociales, ya que la imposibilidad de establecer vínculos estrechos con otras personas, la gente que llega al Caribe mexicano en busca de oportunidades es más propensa a presentar fuertes cuadros de depresión.
La migración es evidente con tan sólo recorrer las calles y hablar con la gente. Prácticamente todos los habitantes de Cancún y sus alrededores provienen principalmente de otras entidades del interior del país como Chiapas, Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán. Se estima que entre 50 mil y 60 mil personas llegan cada año a Quintana Roo en busca de oportunidades que no tienen en sus lugares de origen. Por ello, algunos especialistas creen que las altas tasas de crecimiento demográfico en la región son el reflejo de una política económica que simplemente no ha podido satisfacer las demandas de la población, lo cual a su vez genera un crecimiento desordenado de las ciudades y otros problemas ambientales como la degradación de suelo por abandono de tierras, procesos que de manera conjunta son responsables del 10 por ciento de las emisiones totales de México, según datos del Instituto Nacional de Ecología (INE).
“La oferta de empleos atrae una serie de flujos migratorios a los que nunca se habían enfrentado las autoridades locales, las cuales son incapaces de dar una respuesta a las demandas de vivienda, suelo urbano, equipamiento, etcétera. Lamentablemente, los programas de desarrollo urbano de estos centros de población no estaban preparados para recibir a la cantidad de gente que tienen actualmente, y por eso las ciudades se han desbordado al ocupar zonas de alto valor ambiental”, explica Juan Carlos Zentella, director general adjunto de Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien considera que al igual que ocurre en Quintana Roo, el crecimiento de las ciudades está provocando un impacto ambiental severo cuyas repercusiones abarcan algunos fenómenos de escala global como el cambio climático.
“El modelo de crecimiento urbano en México no es sustentable. Tenemos grandes conjuntos habitacionales alejados del tejido urbano, de las fuentes de empleo, de servicios de salud, educación y abasto, lejos de las oportunidades de ingreso de las familias que adquieren esta vivienda, y esto a su vez promueve el uso de transporte motorizado que depende de combustibles fósiles y genera altas emisiones de gases de efecto invernadero”, advierte el funcionario.
Datos oficiales señalan que en México, cerca del 77 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero provienen de las ciudades. Esto se debe principalmente, a que los patrones de consumo de energía están estrechamente relacionados con los modelos de crecimiento de las ciudades. Lo mismo ocurre a nivel mundial.
De acuerdo con un informe publicado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que a nivel global, las ciudades generan más de las dos terceras partes de los gases de efecto invernadero del planeta.
“No son las ciudades a las que debemos culpar, sino la forma en que vivimos y la manera en que se forman las ciudades. El crecimiento urbano es un problema muy grande tanto en los países desarrollados y en desarrollo, además de que es responsable del incremento de emisiones”, señala Lamia Kamal-Chaoui, titular del programa de desarrollo urbano de la OCDE.
Para la especialista, estas diferencias son evidentes en las ciudades densas y compactas, las cuales presentan un número de emisiones bajas en comparación al de las urbes que presentan una expansión territorial con menor densidad poblacional, debido principalmente, al consumo de combustibles fósiles destinados al transporte.
“Esto no es sólo un problema ambiental, sino también económico. Esta expansión urbana implica un costo y por eso vemos que hay menos productividad debido a las grandes distancias que tiene que recorrer la gente para poder trabajar y eso también conlleva un impacto social”, explica la investigadora.
En el caso de México, las emisiones del sector transporte al 2006 representaron el 20.4 por ciento del total nacional. Sin embargo, el ritmo acelerado con el que crece el parque vehicular en todo el país hace pensar a los expertos que para 2020, el transporte podría representar dos terceras partes de las emisiones totales del país, incluso por encima de la generación de energía eléctrica, que en la actualidad genera el 21 por ciento.
En opinión de Gabriel Quadri de la Torre, consultor especializado en medio amiente, parte importante del problema tiene que ver con la manera en que México ha adoptado un modelo de crecimiento urbano muy similar al de Estados Unidos, basado en un alto consumo de combustible.
“Este tipo de estructuras en el transporte determina en mucho la eficiencia energética d las ciudades y su patrón de emisiones de gases de efecto invernadero, y por ello a países como Estados Unidos le cuesta mucho trabajo reducir emisiones, a que sus ciudades son muy extensas, y es muy difícil cambiar esa estructura en el corto y mediano plazo, contrario a lo que ocurre con las ciudades europeas que son más compactas”, señala el experto.
“Al hablar en México de políticas climáticas, se requiere forzosamente hablar de consumo de combustibles en el sector transporte. Lamentablemente, la estructura de nuestras ciudades está siguiendo el patrón estadounidense”, apunta Quadri, quien considera que México podría disminuir considerablemente sus emisiones retirando los subsidios actuales a la gasolina, los cuales distorsionan los precios reales y promueven un consumo energético de muy baja eficiencia.
En sitios como la Ciudad de México, el tema del transporte se ha convertido en un foco rojo para muchos tomadores de decisiones, ya que algunas evaluaciones indican que la capital del país podría estar al borde del colapso debido a la gran cantidad de vehículos que a diario infesta las calles y que ha derivado en un serio problema de movilidad. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que los gobiernos locales hayan decidido cambiar su enfoque respecto a esta problemática, pues la construcción de vialidades con segundos pisos en el Valle de México ha proliferado de manera acelerada en los últimos años. Algo que, de acuerdo con los analistas, sólo fomenta el uso del automóvil por encima del transporte público, lo cual provocará que tarde o temprano, dichas vialidades sean insuficientes para dar cabida a un parque vehicular que aumenta día con día.
En el resto del país, la situación no es diferente, la expansión de las ciudades se ha convertido en un problema común. ¿A qué se debe esto? De acuerdo con algunos análisis de la oficina de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Semarnat, es muy posible que este fenómeno esté vinculado a la quiebra de los municipios.
La razón es simple. Al depender casi en su totalidad de los ingresos provenientes de la federación, los municipios han empezado a utilizar algunos instrumentos fiscales para poder recaudar más recursos. En muchas ciudades, por ejemplo, el cobro del impuesto predial ha ocasionado una expansión explosiva de la zona urbana, generando así mayores ingresos para los municipios y un desastre ecológico de gran escala. Esta crisis estructural es visible en sitios como La Paz, Baja California Sur, ciudad que en pocos años pasó de tener una extensión de 20 mil hectáreas a 400 mil, a pesar de no tener cambios significativos en su población como para justificar esta expansión. 
La quiebra de los municipios es un problema trascendente que además plantea otros peligros, pues ante la urgente necesidad de impulsar el desarrollo local, muchas regiones del país se han vuelto particularmente vulnerables a la llegada de proyectos económicos que, en muchos casos, pueden traer consigo un alto impacto tanto ambiental como social. Una situación evidente en sitios donde la contaminación y la devastación han ocasionado una serie de conflictos sociales que afectan a miles de comunidades en todo el país, generalmente, con altos índices de pobreza y marginación. Después de todo, son pocos los alcaldes dispuestos a rechazar una inversión de varios millones de dólares que produzca una derrama de dinero importante para el municipio y genere algunos empleos.Esto es justo lo que ocurre en las ciudades de Quintana Roo, donde la expansión territorial está estrechamente vinculada a la necesidad de captar recursos para cubrir los servicios básicos que demanda la población. Sin embargo, la devastación ambiental derivada del crecimiento de la infraestructura turística no ha podido traducirse en una mejor calidad de vida para muchas personas que habitan en aquel rincón del sureste mexicano, debido a que las altas tasas de migración crean ‘cinturones de pobreza’ alrededor de los principales centros urbanos. Una muestra de que el modelo de desarrollo implementado tanto en la región y en el resto del país, no ha podido frenar el rápido crecimiento de la pobreza. Las cifras son contundentes.
Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la pobreza en México se incrementó 3.1 puntos porcentuales en el periodo de 2008 a 2009, hecho que contrasta con una tendencia creciente en el resto de América Latina. Un dato preocupante para muchos expertos, si se toma en cuenta que en la última evaluación de pobreza en México, publicada en 2008 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señala que el 44 por ciento de la población sufre algún tipo de carencia en sus necesidades básicas, situación en la que sufren cerca de 47 millones de mexicanos, cuyas condiciones de vida podrían empeorar para las próximas décadas ante los devastadores efectos del cambio climático.
Recuento del desastre
Estudios recientes revelan que el calentamiento oceánico ha ocasionado un aumento en el número de huracanes de categorías 4 y 5 a nivel global, los cuales casi se han duplicado entre 1970 y 2004, mientras que los de categoría 1 han disminuido ligeramente. Esto significa que existe una tendencia creciente en cuanto al número y la intensidad de los ciclones tropicales que cada año llegan a territorio mexicano. Una situación que podría agudizarse en las próximas décadas si la temperatura promedio del planeta sigue aumenta de acuerdo a las proyecciones realizadas por el grupo de expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).
Esto representa malas noticias para países como México, lugar en donde los desastres derivados de fenómenos climáticos se han intensificado notablemente durante la última década. Basta con hacer un recuento de la historia reciente para darse cuenta de ello.
El 2005 es ampliamente recordado por los meteorólogos de todo el mundo como el año con mayor número de huracanes del que se tenga conocimiento, ya que por primera vez en la historia, la lista oficial de 21 nombres que se utiliza para clasificar a los huracanes no fue suficiente y se tuvieron que implementar seis letras del alfabeto griego. Ese año, los huracanes Wilma, Stan y Emily provocaron pérdidas cercanas a 45 mil millones de pesos en prácticamente todo el sureste mexicano, con un saldo de 203 muertos, según datos del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred).
Wilma ocasionó enormes daños en la infraestructura turística de lugares como Cancún y otros puntos del estado de Quintana Roo, situación que provocó que el mayor número de pérdidas económicas fuera ocasionado por una significativa baja de turistas durante los meses siguientes. En contraparte, Stan provocó un número mayor de muertes en estados como Chiapas, debido a los altos niveles de pobreza y marginación que presentan muchas comunidades rurales del sureste mexicano, condiciones que incrementan notablemente la vulnerabilidad de muchos grupos a los devastadores efectos del clima.
Dos años más tarde, en octubre de 2007, el estado de Tabasco fue víctima de la inundación más grande en la historia de México. En el momento más álgido de la contingencia, el agua cubrió el 62 por ciento de la superficie estatal, arrojando un saldo cercano a los dos millones de damnificados. Aunque en esta ocasión la actividad ciclónica no fue tan intensa, esto no impidió que las fuertes lluvias desbordaran los ríos y rebasaran la capacidad de contención de las presas, produciendo una de las contingencias más impactantes del último siglo. Las imágenes hablan por sí mismas.
Estas inundaciones, junto con los impactos derivados del huracán Dean, generaron pérdidas valuadas en 49 mil 417 millones de pesos y la pérdida de varias vidas humanas, tal como ocurrió con el deslave de un cerro que sepultó la localidad de Juan de Grijalva, en el estado de Chiapas. Un deslizamiento de tierra nunca antes visto que provocó la muerte de al menos 25 personas.
Para 2009, la situación cambió drásticamente, ya que durante este año México padeció la peor sequía de los últimos 70 años, misma que afectó a más de 3.5 millones de campesinos y una extensión cercana al millón de hectáreas, principalmente en la región norte del norte del país. La falta de lluvias durante la primera mitad del año además provocó una fuerte escasez de agua en la Ciudad de México, lugar donde tuvieron que hacerse recortes periódicos en el servicio de agua potable ante los bajos niveles registrados en el sistema de presas que abastece a la capital del país. Sin embargo, para la segunda mitad del año las lluvias intensas ocasionaron pérdidas en varias regiones del territorio mexicano. En total, este año se perdieron cerca de 14 mil 587 millones de pesos, producto de los marcados contrastes del clima.
La tendencia de lluvias intensas se prolongó prácticamente durante todo 2010, año considerado como el “más lluvioso” del que se tenga registro en la historia del país. En febrero, el desbordamiento del canal La Compañía ocasionó una crisis severa en localidades ubicadas en la periferia de la Ciudad de México como Valle de Chalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl, las cuales sumaron cerca de 100 mil afectados por falta de comida, energía eléctrica, agua potable y pérdidas materiales. Meses más tarde, el noreste del país sufrió los efectos del huracán Alex, afectando a entidades como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, siendo la ciudad de Monterrey uno de los lugares más devastados por el “fenómeno más fuerte de su historia”, ocasionando daños en infraestructura urbana, dejando cerca de 170 mil afectados.
La situación no paró ahí, pues el arribo del huracán Karl en septiembre pasado trajo consigo una nueva ola de devastación en el sur del país, arrasando localidades enteras en lugares como Oaxaca, Chiapas, Tabasco y principalmente Veracruz, entidad que de acuerdo con información del gobierno estatal suma un millón de damnificados. Aunque la información aún es preliminar, los expertos consideran que las pérdidas económicas durante 2010 podrían ser similares a las registradas en 2005 y 2007, pues se cree que tan sólo Alex generó pérdidas superiores a los 25 mil millones de pesos.
Al hacer un recuento de los daños, los números indican un incremento notable de desastres climáticos en comparación de las dos décadas anteriores. De 2001 a lo que va de 2010, las pérdidas económicas derivadas de sequías y lluvias intensas superan los 170 mil millones de pesos (cerca de 15 mil millones de dólares), una cifra muy superior a los 4 mil 547 millones de dólares registrados en los 20 años anteriores, de 1980 a 1999. Asimismo, el promedio anual en el impacto socioeconómico de los desastres naturales ha pasado de 2 mil 182 millones de pesos en 2000, a 14 mil 290 millones para 2008, lo cual significa un incremento cercano del 650 por ciento.
En contraparte, el número de decesos provenientes de los desastres ha disminuido significativamente gracias al Sistema de Alerta Temprana implementado por el gobierno federal a partir de 2003, lo cual se refleja en una tendencia a la baja en cuanto al número de muertos.
Aunque los científicos reconocen que todavía no existe información suficiente para determinar si estos fenómenos fueron ocasionados por el calentamiento global o simplemente por una variabilidad natural del clima, lo cierto es que ofrecen una idea clara de lo que podría suceder en un futuro no muy lejano si las profecías de los científicos llegan a cumplirse como hasta ahora. Una mayor incidencia de fenómenos hidrometeorológicos de gran escala significa un enorme riesgo para México. No en balde, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) desarrollado por el gobierno federal, reconoce una alta vulnerabilidad en todo el país debido a que el 15 por ciento de su territorio nacional, 68.2 por ciento de la población y 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se encuentran altamente expuestos a los impactos directos del cambio climático. Asimismo, un estudio reciente dado a conocer por el Banco Mundial señala que para 2050, el cuatro por ciento del PIB mexicano podría perderse debido a los efectos del calentamiento global.
Sin embargo, los investigadores coinciden en que el mayor peligro no se encuentra en una intensidad de los fenómenos climáticos, sino en los procesos de desarrollo actuales que constituyen una fuente importante de vulnerabilidad.
“Los desastres no son naturales, sino que se construyen a partir de procesos económicos, políticos, sociales y ambientales que pudieron empezar a gestarse mucho tiempo atrás”, explica Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, director de Análisis y Gestión de Riesgos de Cenapred.
“La vulnerabilidad física proviene de aspectos sociales. Un dato contundente indica que en 2009, casi la mitad de los municipios declarados como zonas de desastre estaban en un grado de marginación alto, una situación que reduce el acceso al suelo y la vivienda segura”, indica Pérez Ortiz.
Esto significa que factores como el rezago económico son fundamentales para entender la magnitud que han alcanzado muchos desastres naturales. La pobreza es una fuente importante de vulnerabilidad ante cambio climático, y eso representa malas noticias para un país como México, donde viven más de 40 millones de pobres. Lo mismo ocurre en la mayor parte de los países ubicados en regiones tropicales, donde la pobreza y la exposición a fenómenos meteorológicos son una constante. Un dato reciente de Naciones Unidas señala que en América Latina alrededor del 70 por ciento de los asentamientos humanos se encuentran en zonas de alto riesgo. Esto se debe principalmente, a procesos de desarrollo incompletos
“En 2009, Veracruz fue el estado con mayor número de municipios declarados en emergencia, y también ha sido una de las entidades que sufre más desastres de forma recurrente. El desastre es un síntoma de procesos de desarrollo incompletos, y esto nos hace pensar que al tener tantos desastres y emergencias, Veracruz no ha logrado generar las condiciones suficientes para que sus habitantes sean menos vulnerables al impacto de fenómenos naturales, o al menos, que puedan recuperarse de manera más ágil”, comenta el funcionario.
Para Cecilia Conde, integrante del IPCC y experta en temas de vulnerabilidad por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, estos casos son una muestra clara de los grandes vacíos y rezagos que existen en cuanto a las políticas de adaptación al cambio climático vigentes hoy en día.
“México es muy vulnerable a cambio climático, pero sobre todo, somos vulnerables por una estructura vertical en donde hay poca participación de la gente en medidas de adaptación. Estamos fabricando nuestra propia vulnerabilidad y por ello no se necesitan cambios climáticos tan grandes para que los impactos sean muy severos”, señala la especialista.
“No puede darse adaptación por decreto, y por ello, es necesario que la gente se involucre en los procesos de adaptación”, afirma Conde.
A pesar de los enormes riesgos que plantea el cambio climático para la población del planeta, hasta el momento los gobiernos del mundo han sido incapaces de diseñar una estrategia conjunta que permita resolver el problema de fondo, debido a que tanto los países desarrollados y en desarrollo no parecen estar dispuestos a reconocer la urgente necesidad de rediseñar el modelo económico actual.
Las negociaciones
Nadie sabe con certeza lo que podría ocurrir de un momento a otro, pero lo cierto es que la decimosexta edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP16), con sede en Cancún, ofrece pocas garantías de conseguir compromisos sólidos en cuanto a reducción de emisiones. Las heridas de Copenhague no han sanado del todo, y eso se ha vuelto evidente durante el proceso de negociación que se ha llevado a cabo a lo largo de 2010.
“A partir de enero, México tenía el enorme reto de recuperar estos acuerdos y profundizarlos, pero además se tenía que reconstruir el nivel de confianza de todas las partes, que se dañó de manera profunda durante los últimos días de Copenhague”, comentó el embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, representante especial de México para el cambio climático, quien a pocas semanas del comienzo de la cumbre de Cancún, reconoció que aunque se han logrado avances significativos en este aspecto, es muy poco probable que se alcancen los acuerdos necesarios para ponerle un freno decidido contra el calentamiento global.
“No hay condiciones en este momento para que los países desarrollados asuman un nuevo compromiso vinculante”, afirmó el diplomático mexicano.
El momento político no es el mejor. Luego de la esperanza que generó la llegada de Barak Obama a la mesa de negociaciones durante la cumbre de Copenhague, su impulso se ha diluido en un mar de confrontación política que ha debilitado la participación de Estados Unidos en la construcción del anhelado pacto climático. Así ocurrió durante el desgaste producido por las elecciones intermedias de noviembre, en las que la administración Obama sufrió un duro golpe, luego de que los demócratas perdieran 11 estados y la mayoría en el Congreso. A lo largo del año, esta confrontación hizo que el senado estadounidense detuviera la iniciativa de ley Waxman-Markey, la cual plantea una reducción significativa de gases de efecto invernadero y que, de acuerdo con expertos, podría ser el detonante necesario para que Estados Unidos logre involucrarse de lleno en la construcción de un acuerdo global que dé continuidad al Protocolo de Kioto.
Por si fuera poco, el escándalo desatado a raíz de las filtraciones hechas por Wikileaks justo al comienzo de la COP16, provocaron que la cancillería estadounidense replanteara las prioridades de su agenda internacional. Asimismo, la poca participación de países como Japón y Brasil dentro en la primera semana de negociaciones, ha restado fuerza al proceso multilateral. Por ello, no existen signos de que el diálogo pueda conducir a un acuerdo común para países pobres y ricos.
Las posturas son marcadas. Por un lado, los países desarrollados se resisten a abandonar el modelo macroeconómico que les ha otorgado grandes beneficios, y en contraparte, países en vías de desarrollo como China, India, Rusia o Brasil tampoco parecen estar muy dispuestos a cambiar el modelo ahora que empiezan a percibir algunos de los beneficios que brinda la economía de libre mercado. Una situación que ha provocado el estancamiento de las negociaciones.
“Tenemos un problema de gran magnitud frente a nosotros y el 99 por ciento de la gente en el planeta no entiende la dimensión de lo que estamos enfrentnado. Dudo seriamente que exista algún compromiso de disminución de emisiones por la industria y la actividad económica de los países grandes. No están dispuestos a ello, no va a ocurrir. La decisión del Congreso de Estados Unidos, de ni siquiera tocar el punto hace algunos meses, es un indicador muy claro de que este país y otros no están dispuestos a hacer cambios, por lo menos ahora”, comenta José Sarukhán Kermez, titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
Pese a ello, el gobierno mexicano todavía mantiene vivas las esperanzas de que al finalizar el encuentro de Cancún, queden definidos algunos criterios básicos sobre los mecanismos de financiamiento con los que se busca que los países en desarrollo puedan utilizar recursos provenientes de los países desarrollados para generar proyectos de mitigación. Actualmente, existe un fondo internacional de 80 mil millones de dólares en diversos programas de desarrollo, y se prevé que para 2020, esta misma cantidad se utilice únicamente para implementar proyectos que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático.
Asimismo, existen posibilidades de lograr acuerdos en materia del programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de suelo (REDD), un instrumento financiero que podría ayudar a frenar la pérdida de bosques en todo el planeta, los cuales juegan un papel determinante en la captura de CO2. Sin embargo, no hay nada seguro, pues aún falta que se definan los procedimientos mediante los cuales se administrarán los recursos destinados para este fin, ya que por ejemplo, existe el temor de que la mayor parte del dinero asignado a REDD termine por canalizarse en gastos de monitoreo y no en un beneficio real para las comunidades encargadas de preservar los bosques.
Sin embargo, los grandes temas siguen estando fuera de la mesa de negociaciones, y aunque existan avances significativos en materia de financiamiento, la situación amerita medidas más ambiciosas, en opinión de algunos especialistas.
“Un reto fundamental para México sería lograr que se metieran dos conceptos clave en la mesa de negociación: desarrollo sustentable y equidad, porque con las diferencias enormes que tenemos actualmente no vamos a poder avanzar. Ricos y pobres necesitan reconocer que necesitamos mejorar la equidad y sólo así podríamos contemplar un planeta en el que los recursos del primer mundo pudieran financiar proyectos que permitan a los países en desarrollo crecer de forma diferente”, comenta Carlos Gay García, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM e integrante del IPCC.
“Corremos el riesgo de resolver el cambio climático con máquinas más eficientes y seguir con los mismos esquemas de antes, con la misma pobreza y desigualdad; ¿por qué no aprovechar esto para entrar en una dinámica diferente?”, advierte el especialista, quien considera que algunas de las principales posturas planteadas por México dentro de las negociaciones internacionales siguen sin atacar las causas fundamentales de la crisis climática que se vive hoy en día.
“A lo mejor México vuelve a presentar el Fondo Verde, pero eso es más de lo mismo. El problema que nos metió en la crisis financiera de 2009 es lo que nos metió en el problema del cambio climático, ambos tienen el mismo origen, pues provienen de la forma en que intercambiamos bienes y riqueza, y eso mismo no podrá sacarnos del problema”, señala Gay.
Aunque el concepto de desarrollo sustentable es una constante dentro del discurso de prácticamente todos los gobiernos del mundo, desde la adopción formal del término durante la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, su incidencia dentro de las políticas públicas sigue siendo limitado. Para Gian Carlo Delgado, experto en economía ambiental e integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, esto se debe a los límites y contradicciones que plantea el sistema económico capitalista sobre el que se ha construido el modelo de desarrollo actual, mismo en donde la equidad social y el cuidado de los recursos naturales juegan un papel secundario.
“La idea de desarrollo sigue anclada en la idea de crecimiento económico y esto es bastante erróneo. El crecimiento del PIB no significa que la población pobre de un país vaya descendiendo, sino que vemos todo lo contrario”, asegura el académico, quien considera que los mecanismos financieros propuestos para mitigar los efectos del cambio climático no son capaces de atacar la raíz del problema.
“El mercado de bonos de carbono reconoce el problema ambiental, pero no la necesidad de hacer cambios a fondo en el sistema de producción y de consumo”, afirma Delgado, quien considera que los altos patrones de consumo fomentados por el sistema capitalista son la clave para entender el origen del cambio climático.
Cada producto que a diario adquirimos en las tiendas lleva consigo un alto consumo de energía dentro de su proceso de fabricación, y en consecuencia, altas emisiones de CO2 provenientes de la quema de combustibles fósiles con los que se genera dicha energía. Si el crecimiento económico está sujeto al consumo, esto fomenta un uso cada vez mayor de energía y otros recursos naturales, que a su vez, se traduce en mayor devastación ambiental.
A pesar de que los economistas han creado algunos indicadores para medir este fenómeno, tal como ocurre con la ‘huella de carbono’ o la ‘mochila ecológica’, el sistema económico vigente no integra los costos derivados de la destrucción ambiental, es decir, que los recursos naturales simplemente no tiene valor en términos de mercado. ¿Cómo medir el precio que tiene un árbol en medio de la selva? Una visión tradicional de la economía lo haría a partir del precio fijado por la industria, de acuerdo a las leyes de oferta y demanda, por ejemplo, lo que paga una fábrica de papel por dicho árbol. Sin embargo, esta contabilidad no contempla los servicios ambientales que provee dicho árbol, tales como la captación de agua y captura de carbono, los cuales también tienen un valor.
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En opinión de algunos expertos, REDD+ podría ser una alternativa para mitigar los efectos de la deforestación. Sin embargo, existe una fuerte oposición por parte de grupos campesinos por utilizar a los bosques como una simple mercancía. |
Lo mismo ocurre con los precios de la energía, lo cual genera que en términos de mercado, los combustibles fósiles sean más baratos que las energías renovables. El problema está en que el precio de los combustibles fósiles no toma en cuenta todas las implicaciones que conlleva su uso, tal como ocurre con los efectos del calentamiento global.Por ello, los expertos creen que si los precios logran reflejar el impacto ambiental de cada producto, esto significaría una reestructuración radical de todo el sistema económico. Algunos estudios, por ejemplo, sostienen que muchos países desarrollados tendrían números rojos en su PIB si se tomaran en cuenta los criterios ambientales dentro del proceso económico, lo cual surge la pregunta: ¿qué tan desarrollados son los países desarrollados? Cambiar las reglas del juego implica jugar de modo distinto, y eso es justo lo que se propone hacer la economía ambiental.
¿Cómo lograr una transformación de estas dimensiones? Si el sistema económico se sostiene en el consumo, quizá esa sea la clave, debido a que cambiar los patrones de consumo forzosamente trae consigo una transformación en toda la cadena productiva. Algo que de hecho, empieza a suceder.
Walmart, por ejemplo, uno de los símbolos más representativos del capitalismo salvaje, recientemente estableció una serie de criterios sustentables para buena parte de sus proveedores, lo cual significa que más allá de las normatividad vigente en cada país, los procesos de producción de muchas empresas tendrán que incorporar un enfoque más sustentable para no perder competitividad en el mercado. Lo mismo ocurre con Walmart, y esto se debe a que las tendencias de muchos consumidores está cambiando rápidamente. Así lo demuestra la más reciente edición de Greendex, un estudio anual sobre tendencias de consumo verde en 17 países de todo el mundo con mayor peso económico, el cual señala que las consideraciones ambientales y de ahorro, han sido factores determinantes para explicar los cambios de los últimos tres años en las tendencias de consumo en países de todo el mundo.
Aunque los gobiernos y las empresas sigan resistiéndose a dar el salto definitivo hacia el desarrollo sustentable, un cambio en la mentalidad y acciones de la gente no les dejará más alternativa. No en balde, la sociología sostiene que los hábitos de las personas son el factor determinante para entender la manera en que se construyen las instituciones. La verdadera transformación comienza con uno mismo. “Eligiéndome, elijo el destino de la humanidad”, escribió alguna vez el filósofo francés Jean Paul Sartre. Quizá tenga razón. A final de cuentas, el cambio climático es tan sólo un reflejo de lo que somos. []
