Manuel Hernández
La gente desciende de los vehículos que integran la caravana hasta posicionarse justo en la reja que delimita los terrenos de la Minera Cuxcatlán con el único fin de expresar su descontento. El recuerdo de Zapata les infunde fuerza para seguir luchando, a pesar de tener todo en contra, a pesar de saber que sus acciones traerán consigo, tarde o temprano, las represalias del sistema político, tal como ha ocurrido antes. Pero no importa, ellos siguen ahí, firmes, dispuestos a lo que sea necesario para defender lo suyo: el derecho a una vida digna. La policía pasa tranquilamente, haciendo acto de presencia, mientras los trabajadores de la mina toman sus radios para dar el aviso a sus superiores y miran con expectación lo que ocurre. Nadie sabe con certeza lo que podría pasar de un momento a otro. De pronto, la gente regresa a sus vehículos y se marcha. Fue sólo un recordatorio de la molestia que predomina entre los habitantes de San José del Progreso, Oaxaca, quienes temen que la explotación de oro a cielo abierto contamine las fuentes de agua de la que dependen o provoque daños irreversibles a la tierra que cultivan.
“A través de todos los desperdicios de combustible y otros químicos la tierra se empieza a degenerar. La actividad de la población es el cultivo de maíz, frijol y calabaza. Ellos dicen que la mina no afectará la tierra y que traerá beneficios y desarrollo para la comunidad, pero estamos viendo que no, pues al contrario, la comunidad se está rezagando en contra de los intereses de un pequeño grupo que está a favor de la mina”, comenta Eustacio Cirilo Vázquez Ruiz, representante del grupo opositor a la minera Cuxcatlán.
Mientras tanto, a unos cuantos metros de distancia, en la comunidad de Magdalena de Ocotlán, todo está listo para iniciar la segunda jornada de trabajo dentro la sexta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), con el fin de que las organizaciones de todo el país intercambien experiencias dentro del escarpado camino de la lucha ambiental y al mismo tiempo puedan empezar a construir soluciones comunes frente a los embates del modelo de desarrollo actual. Desde su aparición en 2008, la ANAA se ha venido consolidando como un espacio de reflexión y debate en torno a la difícil situación que enfrentan las comunidades del México actual en cuanto al acceso a la justicia, situación que ha ocasionado un incremento notable de conflictos sociales derivados de la destrucción ambiental, tal como apunta la investigadora María Fernanda Paz Salinas, experta en antropología ambiental por la UNAM.“Estos conflictos exponen claramente que hay una relación entre deterioro ambiental y deterioro social que se expresa en afectaciones a la salud, a las actividades productivas, al patrimonio natural, material y cultural, así como la calidad de vida, por eso existe esta respuesta, esta expresión de descontento”, sostiene Paz, quien considera que estos conflictos sociales guardan una estrecha relación con la lógica capitalista que predomina hoy en día.
“Están muy vinculados a los modelos de desarrollo económico y tienen que ver con los efectos del modelo desarrollista impulsados desde los setentas, como también vinculados con el proceso de globalización de la economía de mercado y la forma en que este fenómeno se expresa en México”, apunta la especialista, quien considera la protesta social como un signo benéfico que podría ayudar a mitigar los daños ambientales del país.
“De alguna manera es una buena noticia, porque se está presentando una resistencia al deterioro, una respuesta social ante la destrucción, pues estos casos nos están hablando de que en México existe capacidad de organización para defender los recursos y otros estilos de vida”, comenta Paz, quien sin embargo sostiene que “casi todos estos movimientos y luchas ambientales han sufrido algún grado de represión”. Algo que resulta preocupante para los defensores de los derechos humanos, debido a que en los últimos años pareciera que la represión contra ambientalistas se ha agudizado.
Los casos sobran. Basta recordar los asesinatos de activistas como Mariano Abarca, Miguel Ángel Pérez Cazalez y Bety Cariño o el encarcelamiento de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores para ejemplificar esta problemática de la cual ni siquiera las mismas autoridades están exentas, tal como se demostró con el asesinato de dos agentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y uno de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ocurrido en marzo pasado en el Estado de México, quienes investigaban una denuncia sobre el tiradero de una mina.
Si bien es cierto que los conflictos sociales de presas hidroeléctricas, rellenos sanitarios o confinamiento de residuos peligrosos, construcción de carreteras, expansión de la industria y el desarrollo turístico son una constante en todo el territorio nacional, los problemas derivados de la explotación minera parecen ir en aumento, a la par del crecimiento económico de dicho sector, según los últimos reportes oficiales.
“La expulsión de núcleos indígenas y campesinos se hace con la complicidad de jueces o instituciones que deben impartir justicia. Hay una situación de desesperanza en muchos grupos porque las instituciones no funcionan como está establecido en las leyes, pero tampoco hay una voluntad política para que esto funcione. Lo que las comunidades han aprendido de esto, es hacer una resistencia a partir de los resquicios que todavía quedan del marco jurídico, pero sobre todo a partir de mover a la opinión pública, porque no está en juego el patrimonio de las poblaciones rurales sino de todo el país”, comenta Alejandro Villamar, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quien sostiene que en los últimos 12 años se han entregado cerca de 54 millones de hectáreas del país para concesiones mineras, casi 28 por ciento del territorio nacional, luego de las modificaciones dentro del marco jurídico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“Hay complicidades terribles. No significa sólo que las elites políticas estén atrapadas en un paradigma de desarrollo fracasado, sino que además hay un enorme grado de corrupción en las instancias federales”, señala Villamar.
Esto parece explicar la problemática que desde hace tiempo se vive en San Luis Potosí, donde los reclamos por la contaminación ocasionada por la Minera San Xavier parecen no tener mucha importancia para las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, tal como refiere Rurik Hernández, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, quien asegura que, hasta ahora, haber ganado todas las instancias posibles dentro del marco jurídico mexicano ha servido de poco ante la ilegalidad y corrupción que predominan en el país.
“El Poder Judicial no tiene el poder de hacer valer sus resoluciones, y en este caso el Poder Ejecutivo es el que está permitiendo que la mina opere, dándoles tiempo para ver si nos cansamos de protestar o si es posible llegar a un acuerdo político que permita a la Minera San Xavier seguir con sus actividades. Este problema tiene más de diez años, hemos ganado dos veces en tribunales y actualmente la mina sigue operando, incluso a un ritmo acelerado para ganar tiempo antes de que la clausura sea inminente. Nosotros estamos presionando para que esto suceda, y también estamos denunciando penalmente a Patricio Patrón Laviada (titular de la Profepa), pues no se puede permitir la destrucción de México en base al acondicionamiento de las leyes ambientales del país”, comenta Hernández.
Para el activista, resulta ilógico que mientras la Unión Europea analiza la prohibición de sus minas ante las implicaciones ambientales que su explotación conlleva, en México y otras partes del Tercer Mundo esta industria ha proliferado gracias a la flexibilidad de los marcos jurídicos y los gobiernos orientados hacia la apertura comercial ligada a los intereses generados en una economía de libre mercado. Un ejemplo de esto son las facilidades que ha otorgado el gobierno mexicano para que empresas extranjeras puedan extraer diversos minerales mediante un proceso de minería a cielo abierto, el cual conlleva una fuerte devastación ambiental para el terreno. Esto sin contar la alta toxicidad de algunos compuestos químicos utilizados durante el proceso de lixiviación de algunos minerales, lo cual ocasiona fuertes índices de contaminación en agua, tierra y aire, tal como ocurre en el cerro de San Pedro, ubicado dentro de la zona conurbada de la capital potosina.
Sin embargo, existen otras luchas emblemáticas que van más allá de la minería. Un ejemplo es la resistencia de varias comunidades al proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica en La Parota, Guerrero, con el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende inundar 17 mil hectáreas de selva, 36 comunidades integradas en 16 núcleos agrarios y desplazar de sus hogares a más de 25 mil habitantes. Algo similar ocurre en Temacapulín, Jalisco, pueblo al que las autoridades pretenden inundar para construir la presa El Zapotillo con el fin de abastecer de agua potable a ciudades como León, Guanajuato.“Los gobiernos actúan con una ilegalidad permanente y con niveles altísimos de corrupción. Por eso secretarías de Estado como la Semarnat parecen más agencias de ventas, pues están entregando permisos y concesiones a empresas de todo tipo para que hagan complejos turísticos, presas, minas, destruyan suelos y desplacen gente, todo esto a costa de la legalidad y una terrible sumisión del gobierno mexicano”, comenta Rodolfo Chávez, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.
Los pobres han sido desterrados del sistema legal, y por ello, la movilización social de los grupos opositores representa un intento desesperado por acceder a la justicia en manos de los grupos de poder que intentan imponer su voluntad a toda costa.
“Más que abandonar el camino legal, las luchas tratan de recuperar la ley, el problema es que las condiciones en que se está desarrollando la lucha obligan que a la par de la defensa jurídica tenga que recurrirse a la movilización por parte de los pueblos, pues si no se hace así no son escuchados”, comenta Octavio Rosas Landa, investigador de la UNAM y miembro del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (Casifop).
“La situación ambiental en nuestro país se está agravando cada día más, a pesar del discurso de las instancias oficiales. No sólo peor en cuanto a pérdida de recursos y contaminación, sino que existe una falta de respeto absoluto de las leyes por parte del Estado y las empresas, ya no existe ni siquiera un intento por enmascarar las violaciones a la ley, sino que descaradamente están violentando todas las normas y resoluciones judiciales, y cuando se revela esta violación sistemática de la legalidad recurren a la violencia”, finaliza el investigador.
